La gestión de Javier Milei ha suscitado intensos debates en los ámbitos político, social y académico, no solo por sus medidas económicas, sino por el profundo impacto institucional que estas conllevan.
A través de un paquete de reformas que incluye el desmantelamiento del Estado, la privatización de servicios esenciales, el disciplinamiento del Poder Judicial y el desconocimiento de las decisiones del Congreso, se configura un modelo de gobierno que numerosos analistas caracterizan como plutocrático, autoritario y en abierta tensión con el orden constitucional argentino.
Desde la entrada en vigencia de la Ley Bases y el DNU 70/2023, el Ejecutivo ha promovido la eliminación o reestructuración de más de veinte organismos estatales entre ellos Vialidad Nacional, INTA, INTI, INADI y el Instituto de Agricultura Familiar bajo el argumento de una “motosierra” contra el gasto público. Esta narrativa, sin embargo, encubre una política de desguace institucional que ha derivado en despidos masivos, desfinanciamiento de programas sociales y una retirada del Estado de áreas estratégicas como salud, educación, ciencia y cultura.
La derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023 ha encendido alarmas en sectores ambientalistas, académicos y de derechos humanos. Esta norma garantizaba el dominio nacional sobre tierras rurales y cuerpos de agua estratégicos. Su eliminación habilita la compra irrestricta por parte de capitales extranjeros, incluso en zonas de frontera y áreas con litio, agua dulce y biodiversidad. Organismos como el Cecim-La Plata y especialistas ambientales advierten que esta medida compromete la soberanía territorial y vulnera los derechos de comunidades indígenas, en un contexto de creciente extractivismo sin controles.
El ajuste fiscal, presentado como un logro de gestión, ha tenido consecuencias devastadoras para el poder adquisitivo de los trabajadores. La reinstalación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, la caída del salario real y una reforma laboral regresiva han profundizado la precarización. A esto se suma el recorte de partidas presupuestarias en salud pública, discapacidad y educación universitaria, lo que golpea directamente a los sectores más vulnerables y erosiona derechos fundamentales.
En paralelo, el Gobierno ha avanzado en la privatización de empresas estatales como AySA y ha propuesto la transferencia de hospitales nacionales a las provincias, con la amenaza de privatización si estas no los aceptan. En el ámbito educativo, aunque Milei reconoce que no puede privatizar directamente por tratarse de competencias provinciales, su discurso y la promoción de “vouchers” evidencian una clara intención de mercantilizar el sistema educativo, debilitando su carácter público y universal.
Diversos organismos internacionales, entre ellos la ONU, han denunciado presiones del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, incluyendo campañas de desprestigio contra jueces que fallan en contra del Gobierno. La represión de manifestaciones, las detenciones arbitrarias y la aplicación del protocolo antipiquetes han sido señaladas como parte de un estado de excepción encubierto, que vulnera garantías constitucionales y criminaliza la protesta social.
El presidente ha vetado múltiples leyes aprobadas por el Congreso como las mejoras para jubilados y personas con discapacidad y ha amenazado con judicializar decisiones legislativas que no se alineen con su programa económico. Incluso ha sugerido cerrar el Congreso si no logra imponer su voluntad, lo que ha sido interpretado como una deriva autoritaria que socava el principio de división de poderes.
Lejos de representar una mera reforma económica, el modelo de Milei parece configurar una reingeniería institucional regresiva, orientada a debilitar el Estado, concentrar el poder y desarticular los mecanismos republicanos. La combinación de ajuste fiscal extremo, desregulación, represión y desprecio por el sistema democrático plantea un escenario en el que la plutocracia el gobierno de los más ricos se impone sobre la voluntad popular y el equilibrio de poderes.
En definitiva, lo que se presenta no es solo un rediseño económico, sino una mutación estructural del contrato social argentino. El modelo que se gesta rompe con la lógica del Estado garante de derechos para erigirse en una maquinaria al servicio del capital concentrado, disolviendo el tejido institucional y desdibujando los márgenes de la democracia.
El desafío no consiste únicamente en resistir el avance de políticas que vulneran derechos, sino en repensar profundamente los cimientos del sistema representativo, ante el riesgo de que la Nación-Estado se diluya en un simulacro de gobernabilidad. Porque cuando se apaga la luz de lo público, lo que queda es la sombra de los intereses privados proyectándose sobre lo común.
¿Quiénes no la ven? La clase media: Quienes aún creen que los cambios afectan solo a los otros. Quienes imaginan que se puede escapar del deterioro refugiándose en una meritocracia que ya no funciona, en narrativas que dividen más de lo que explican. Porque el asunto ya no pasa por Milei, ni por sus antecesores, ni siquiera por los rótulos partidarios. Pasa por la deconstrucción del sistema representativo, donde el ciudadano deja de ser sujeto político para convertirse en espectador del vaciamiento institucional.
Esa es la verdadera motosierra: una que no corta el gasto, sino la memoria colectiva de lo que supimos construir.
“Confundidos por mensajes contradictorios que cambian de matiz a la velocidad del rayo. Angustiados frente a un horizonte tenebroso al que no se le prevé el fin y deprimidos ante un no futuro. Desilusionados porque todas las instituciones en las que confiamos nos han dejado en la estacada. Nos han robado el dinero, el trabajo y el hogar. Hemos sido desahuciados de nuestros sueños, nuestros sacrificios y esfuerzos por vivir, trabajar, casarnos y formar una familia; en definitiva, crear un proyecto de vida, el que cada uno elija, pues no tiene que ser el mismo para todos”.
Cristina Martín Jiménez Dra. en Periodismo de su libro PERDIDOS-octubre de 2013.-
