En una ciudad del tamaño y la historia de Cañada de Gómez, hay cosas que deberían ser incuestionables. Una de ellas es el acceso a la salud, especialmente en un momento tan crucial como un parto.
Por Luis A. Reynoso
Sin embargo, lo que hoy aparece como una anécdota aislada, una joven embarazada a la que le informan que en los sanatorios privados locales “no se atienden partos”, que en realidad desnuda una problemática mucho más profunda y estructural.
No se trata solo de una decisión administrativa o de una reconfiguración de servicios. Lo que está en juego es la desarticulación progresiva del sistema de salud, donde lo privado se retrae, lo público lo absorbe como puede, y el paciente queda en el medio, peregrinando entre instituciones, diagnósticos y presupuestos.
El caso es tan absurdo como revelador; una mujer con cobertura médica privada que, en lugar de tener garantizada la atención, recibe como respuesta un menú de opciones que incluyen viajar a Rosario y pagar cifras dolarizadas por un parto. Cuatrocientos, o mil dólares según el caso. Como si la vida, la salud y el nacimiento pudieran cotizarse como un bien de mercado más. Como si el derecho a parir en condiciones dignas dependiera del tipo de cambio.
La consecuencia lógica y también simbólica fue recurrir al hospital público San José, una institución que no solo cuenta con un reconocido prestigio en la región, sino que además se ha consolidado como referencia por la calidad de su atención y el compromiso de sus equipos. No es un dato menor que, tras dialogar con su director, cuya trayectoria y credibilidad también son ampliamente valoradas por la comunidad, la familia haya decidido confiar allí un momento tan trascendente. Esa confianza no se improvisa, es el resultado de años de trabajo sostenido y de una vocación pública que, en contextos críticos, se vuelve indispensable.
Y allí aparece la otra dimensión del problema, el hospital no solo como red de contención, sino como último bastión de un sistema que se resquebraja. Lo público, una vez más, sosteniendo lo que lo privado abandona cuando deja de ser rentable.
Pero la pregunta que surge es inevitable: ¿hasta cuándo? ¿Qué pasa cuando cada vez más sectores, incluso quienes tienen cobertura, terminan recayendo en un sistema público que ya funciona al límite? ¿Qué pasa cuando la planificación sanitaria desaparece y las decisiones se toman en función de balances y no de necesidades?
Y si ampliamos la mirada, la situación de los jubilados agrava aún más el panorama. Personas mayores que deben trasladarse de un sanatorio a otro porque su prestador cambió, perdiendo continuidad médica, referencias, historias clínicas. Literalmente, su pasado sanitario queda fragmentado entre instituciones que no dialogan entre sí. La salud convertida en un rompecabezas administrativo.
Lo que ocurre en Cañada de Gómez no es una excepción. Es un síntoma. Un reflejo de un modelo que está dejando de pensar la salud como derecho para tratarla como servicio. Y en ese pasaje, lo que se pierde no es solo eficiencia o cobertura, se pierde humanidad.
La escena final, una familia que, luego de hablar con el director del hospital y respaldada por el prestigio de la institución, decide confiar en lo público tiene algo de alivio, pero también de advertencia. Porque cuando lo excepcional se vuelve norma, ya no estamos frente a un problema puntual. Estamos frente a un sistema en crisis.
Y las crisis, cuando no se enfrentan, se profundizan.
