Por Lucas D. Micheloud1
El pasado 21 de septiembre el Gobierno Nacional dio a conocer su “Plan de Políticas Ambientales”, en un acto desde lo estético muy pintoresco, pero agarrotado desde lo estrictamente ambiental. Sucede que, en rigor, el romanticismo con el que abordó el Presidente la crisis ecológica lo ubica en el lugar políticamente correcto frente a quien se defina amante de la naturaleza o defensor del ambiente. Difícilmente podría criticarse una política ambiental orientada a la erradicación de los basurales a cielo abierto, la creación de una ley de educación ambiental o la protección de la casa común, precisamente porque son axiomas ambientales y por tanto incuestionables. –
Lo expuesto no implica negar lo importante de establecer una agenda ambiental nacional. En este sentido, el fortalecimiento del sistema de la Agroecología representa un acierto. Precisamente, este modelo del “buen desarrollo”, es ineludible para realizar progresivamente la transición del actual modelo de “mal desarrollo”, centralizado en el agro negocio a través de un paquete tecnológico integrado por monocultivos modificados genéticamente y más de 500 millones de litros agrotoxicos esparcidos en nuestros suelos y subsuelos, que aumenta dramáticamente año a año, con la invariable afectación a la salud de las poblaciones fumigadas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. También ha sido un acierto sentar en la mesa a los recolectores urbanos de residuos (cartoneros), cuyo servicio en los procesos actuales de reciclado y reutilización se ha convertido no solo en una fuente de trabajo sino en un aporte sustancial al tratamiento final de los residuos sólidos urbanos. –
Pese a ello, el lanzamiento de este plan es absolutamente insuficiente, mezquino, y ambivalente en el marco de otras políticas que viene desplegando activamente el Gobierno Nacional. La transversalidad del ambiente implica que todo tiene que ver con todo. Los anuncios del Gobierno no reflejaron este fenómeno de unidad que debe tener el abordaje de las problemáticas socioambientales, y estuvo caracterizado por muchas cortapisas. Y esto, cuando se trata de políticas ambientales, expresa un gatopardismo político que dificulta –sino imposibilita– la acción de cambio de aquello que el propio discurso viene a cuestionar. Por ejemplo, referirse a la lucha contra el cambio climático y apoyar decididamente la matriz energética basada en hidrocarburos2 o no formular critica alguna a las deforestaciones atroces de más de 8 millones de hectáreas de montes y bosques nativos, que incluyen a las del Delta del Paraná. Incluso lo es promover la erradicación de basurales a cielo abierto y, simultáneamente, impulsar el emplazamiento de mega factorías de cerdo cuya producción de residuos será de una escala inusitada3, a la postre del impacto ambiental que esto conlleva sobre el agua potable, las cuencas hídricas y los riesgos por enfermedades zoonoticas, en un país que tiene una de las cuarentenas más extensas del mundo4.-
Se habló también del plan de manejo del fuego. La emergencia ambiental nos trae nuevamente a los incendios en las Islas del Delta del Paraná. El punto cuatro anunciado por el Gobierno Nacional es un plan de manejo del fuego. Han pasado 8 meses, los focos siguen prosperando, y más de 200 mil hectáreas de humedades ya han sido devastadas por los incendios. Entonces, ¿a qué plan se refieren? Resulta cuanto menos perspicaz pronunciarse sobre un plan, cuando prácticamente la única acción impulsada por el Gobierno Nacional en este tiempo fue el denominado “Plan de Faros de Conservación” que, a la luz de los reiterados y nuevos focos de incendios en distintos tramos del Delta del Paraná, ha fracasado categóricamente. Esto no significa que el instrumento haya fracasado o sea malo, sino que está siendo mal gestionado, por razones técnicas, económicas y políticas. Quizás, el mejor plan que debería impulsar el Presidente es implementar una mesa de acción con los gobernadores justicialistas referenciados en su espacio político que comparten jurisdicción sobre los humedales y ejercer control efectivo sobre esos territorios.
Finalmente, necesitamos un Plan de Políticas Ambientales integrado en todas las áreas ministeriales del Gobierno Nacional, sin compartimentos estancos, y coordinado con todas las jurisdicciones provinciales y locales. En el caso del Cambio Climático, y a fin de cumplir con las metas del Acuerdo de Paris, el Gobierno Nacional debería reformular el flamante plan incluyendo –de mínima– los siguientes ejes: i) Transición energética, hacia energías limpias y renovales, ii) Plan de Soberanía energética; iii) Deforestaciones “0” y plan de reforestación nacional, que incluya el cumplimiento en el presupuesto 2021 del financiamiento del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (Ley N° 26.331); y iv) Preservación hídrica y abordaje de cuencas frente a proyectos de mega minería con técnicas de fracking, mega factorías industriales de carnes y desarrollos inmobiliarios en humedales (21,4% sobre el total de la superficie argentina).-
1 Abogado. Especialista en Derecho Ambiental. Docente Universitario.
2 En la apertura de sesiones 2020 Alberto Fernández dijo: “Los hidrocarburos serán una palanca para el desarrollo productivo de nuestro país. Vamos a extraer los recursos a partir de un entramado productivo tecnológico y diversificado en todas las provincias argentinas”… “Por eso, enviaré a este Congreso un proyecto de ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero que promueva y estimule la inversión nacional e internacional en el sector y facilite el desarrollo de la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios”.
3 https://enredaccion.com.ar/los-riesgos-ambientales-sanitarios-y-economicos-de-las-megafabricas-porcinas/
4https://www.lanacion.com.ar/opinion/ecologia-desarrollo-sustentable-un-reclamo-que-crece-en-la-
argentinanota-de-tapabiodiversidad-el-regreso-de-los-jaguares-al-ibera-nid2446365
