La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°25 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, interinamente a cargo de Juan Cruz Ártico, logró a través de un juicio abreviado una condena para un imputado que se hacía pasar por inspector de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) del Gobierno de la Ciudad y pedía dinero para no clausurar locales comerciales. Además, llevaba un certificado de discapacidad falso en la luneta de su vehículo.
El caso inició a partir de la denuncia de uno de los damnificados que llamó al 911.
Según se pudo establecer, en 2025 el imputado se presentó en un taller mecánico en el barrio de Monserrat como inspector de la Dirección General de Control Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental del GCBA y manifestó que se encontraba allí para realizar una inspección completa del lugar.
Así, después de examinar los extintores del local, le manifestó al propietario que tendría que aplicar una multa y clausurar el comercio, pero que podría evitarlo si le hacía entrega de 60 mil pesos. Ante tal situación, la víctima accedió a entregarle esa suma.
Luego, el imputado se dirigió al taller mecánico contiguo, donde se presentó de igual manera que en el local anterior y le refirió a un empleado que había infracciones en el comercio y que debía aplicar una multa y clausurar el taller, pero antes le dijo: “Si vos me ayudás, entonces todo se puede arreglar, pero tenés que realizar un aporte significativo en pesos argentinos; vos me entendés cómo funciona esto”.
En ese contexto, el empleado accedió a pagarle 20 mil pesos, pero luego, al verlo subir al asiento del conductor de un taxi, decidió seguirlo en su moto y llamar al 911. En un momento del trayecto, el hombre logró anteponerse al auto para detenerlo y el imputado aceleró la marcha y lo embistió, aunque sin llegar a ocasionarle lesiones ni daños.
Cuando arribó personal de la Policía de la Ciudad, los oficiales también notaron que el certificado de discapacidad que había en la luneta del taxi parecía apócrifo, por lo que lo examinaron y determinaron que efectivamente era falso.
Luego, requisaron el vehículo y le encontraron un chaleco y una campera con la inscripción de la Agencia de Protección Ambiental, una faja de clausura, un sello y dos credenciales del GCBA.
Así, la investigación logró determinar que el imputado había sido inspector de la APRA hasta el 2022, cuando accedió al retiro voluntario.
Finalmente, a través de un juicio abreviado, el imputado fue condenado a la pena de 3 años en suspenso por resultar autor penalmente responsable de los delitos de usurpación de autoridad, estafa y uso de certificado falso. Además, deberá cumplir ciertas pautas de conducta, entre ellas realizar 120 horas de trabajo de utilidad pública.
La condena ya fue homologada por la titular del Juzgado PCyF N°21, Paula Núñez Gelvez.
Créditos: mpfciudad.gob.ar
