Por Juan Cruz Varvello
Lic. en Economía
Uno de los defectos más importantes que tiene el sistema fiscal argentino es que la recaudación se basa en impuestos que perjudican la capacidad productiva del país. Entre ellos, una clase particular corresponde a los tributos que, además de perseguir un fin recaudatorio, desincentivan la competencia entre las empresas locales. Modificar el esquema tributario reemplazando los impuestos sobre los flujos -como las ventas o las horas trabajadas- por impuestos sobre los stocks -como la riqueza- es fundamental para aspirar a un crecimiento sostenido. En este marco, resulta de interés analizar que sucede a nivel local en materia de recaudación y los efectos que el aparato de recaudación decidido por la Gestión Clerici tiene sobre la actividad económica de la ciudad; puntualmente cómo podría afectar la Tasa de Actuación Administrativa por la introducción de mercadería tanto a los consumidores locales, como a comerciantes y productores.
En Cañada de Gómez, el Municipio establece una Tasa de Actuación Administrativa por la introducción de carne vacuna, porcina y aviar a aquellos negocios cuyos proveedores se encuentran fuera de la localidad. Cuando los comercios minoristas recurren a proveedores externos deben pagar un tributo al municipio local, cuyo canon actualmente se ubica en $1,4 por kg de carne vacuna; $0,56 por kg de carne porcina, y $210 mensuales para menudencias, pollos, chacinados y embutidos.
En la cadena de producción y comercialización de la carne, los comercios minoristas (carnicerías, supermercados y otros negocios dedicados a la venta de alimentos) compran carne a los criadores de animales y recurren al matadero local para los servicios de faena. Una vez cumplida esta etapa, la carne procesada se distribuye a los comercios minoristas para su venta al público. Otra opción que tienen los comercios minoristas es recurrir a proveedores “externos” que distribuyen directamente el producto desde un matadero o frigorífico ubicado fuera de la ciudad hacia sus locales. En estos casos, los productos no pasan por el matadero local y los alimentos que ingresan requieren el “sello” del municipio que garantiza que los mismos han sido inspeccionados. Es sobre esta base que el municipio aplica el impuesto antes mencionado.
Para comenzar a comprender los efectos que genera este tipo de medidas hay que preguntarse por qué un comercio recurriría a proveedores fuera de Cañada. Esto se puede dar porque no hay suficiente oferta del producto en nuestra ciudad, o bien porque habiendo oferta el comercio prefiere comprar a proveedores externos. En este segundo caso, puede responder a que le ofrecen un mejor producto para satisfacer la demanda de sus clientes, ya sea por calidad y/o precio, o bien el proveedor le permite trabajar en mejores condiciones (disponibilidad de mercadería y entrega, confianza, etc.) lo cual se traduce en una mejor atención al cliente.
¿Qué pasa cuando se introduce el impuesto?
La carne “externa” se encarece respecto a la carne local generando un incentivo al comerciante a comprar a proveedores que usen los servicios del matadero local, ya que de lo contrario disminuirían sus ganancias tanto si soporta el impuesto como si traslada su carga a los consumidores pues perdería parte de sus clientes. De esta manera, el impuesto brinda protección a los criadores y al matadero local ya que entorpece la competencia con proveedores externos. Aunque de magnitud limitada en su impacto sobre el consumidor individual, sus efectos son más importantes sobre el comerciante cuya ganancia disminuye, y con ella su capacidad para pagar mejores salarios, incorporar personal o invertir. A su vez, las modificaciones en las elecciones del consumidor, las cuales resultan diferentes a las que se hubiesen llevado a cabo sin la existencia del impuesto -ineficiencia en el consumo- repercuten en la calidad del producto que llega a la mesa del consumidor final.
Sin embargo, también es posible que la introducción del impuesto eleve el precio de la carne en general -tanto la que se adquiere fuera de Cañada como aquella que se obtiene localmente- ya que el impuesto establece un techo más elevado para su fijación. En este caso, si el consumo por habitante de carne vacuna es de 50 kg., entonces se generaría una transferencia de aproximadamente $2,2 millones desde los consumidores hacia comercios que compren carne localmente y el Municipio.
Por otra parte, el pago del impuesto tiene mayor impacto cuanto menor es el tamaño y las ventas del comercio. Por lo tanto, podría generar que algunos comercios busquen evadir los controles y el impuesto dejando sin revisar las condiciones en que se manejan estos productos alimenticios. Es decir, la barrera fiscal conlleva a evadir los controles imposibilitando que el gobierno local realiza las tareas de inspección desprotegiendo a los consumidores.
¿Qué efectúa el municipio con la recaudación de éstos impuestos?
Aunque parte de lo recaudo financia los recursos productivos que participan en la prestación de los servicios públicos que motivan la recaudación de la tasa, otra parte de lo recaudado se utiliza para subsidiar el funcionamiento del matadero local cuya situación estuvo deteriorada tanto en lo económico como en lo relativo a su funcionamiento. Esto significa que del bolsillo de los comercios minoristas que se someten a los controles y buscan los productos que, según ellos, satisfacen de la mejor manera posible la demanda de sus clientes, y del bolsillo de los consumidores, se está pagando los problemas de una cooperativa/empresa local. No parecería ser una inversión socialmente rentable para los cañadenses que la plata de sus tributos tengan este destino, aunque no es la primera vez que pasa en la historia argentina.
Los efectos de medidas de las medidas fiscales se reproducen por todo el sistema productivo y en la mayoría de los casos –tanto a nivel nacional como internacional- los impuestos o aranceles (u otros tributos como los que se aplican en nuestra Ciudad) restringen la competencia y llevan a decisiones de producción y consumo diferentes de aquellas que surgirían con mayor libertad de elección. Además, el Estado en su rol paternalista siempre dice presente para proteger a quienes hacen mal las cosas a costas del esfuerzo y el trabajo de otros, y del bolsillo y la calidad de vida de los consumidores. Para evitar este tipo de situaciones, la competencia debe ser promovida por todas las vías posibles tanto a nivel interno como a nivel externo.
