En las últimas ediciones de La Imprenta informamos que la gestión municipal de Stella Clerici, luego de tantos reclamos por parte de los familiares, consultó a la jueza María Laura Aguaya sobre las resoluciones a tomar con respecto a los cuerpos que habían sido sepultados arbitrariamente en tierra por su gestión en el cementerio local, aunque ninguno de estos decesos había sido a causa del Covid-19. La jueza permitió las exhumaciones y Clerici debió acceder a las voluntades de los familiares de personas que fueron enterradas durante la pandemia.
Por Emanuel N. Soverchia
Las exhumaciones debieron llevarse a cabo en la primera semana del mes de marzo, cuando todo esto fue publicado por nuestro periódico, pero algunas “irregularidades” del gobierno local llevaron a retrasar las disposiciones de los cuerpos. Aproximadamente a las 15 horas del martes 2 de marzo se pretendió realizar la primera exhumación, pero al instante de retirar el cajón se encontraron que estaba en muy malas condiciones, y abierto; por lo que debieron dejarlo en tierra otra vez hasta que recibieron nuevas directivas, porque no había cajones disponibles en ese momento. Pero en realidad sólo fue un acto de profanación de tumba, puesto que la exhumación formal estaba programada para el día siguiente, miércoles 3 de marzo con la presencia de un médico forense y un familiar del fallecido; aunque nada de esto sucedió. Lo que deja en evidencia que la orden de las altas esferas del gobierno de Clerici, de remover ese cuerpo, fue absolutamente ilegítimo.
El miércoles 31 de marzo, el edil del bloque “Juntos por Cañada”, Franco Mazzoli presentó una minuta de comunicación «solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que, conforme lo dispuesto en la contestación a la minuta de comunicación N° 1712 de fecha 4 de marzo de 2021, dé cumplimiento a la brevedad, con lo establecido en el decreto N° 6337 y proceda en su caso a la exhumación y traslado de los cuerpos inhumados con diagnóstico incierto de Covid y que posteriormente dieran resultado negativo. Y que se remita a ese cuerpo, las actuaciones labradas hasta la fecha, relativas a los hechos oportunamente puestos de manifiesto en la minuta de referencia y contestados en el punto a) “in fine”».
CHIVO EXPIATORIO
Increíblemente, la gestión municipal comenzó investigaciones a fin de averiguar quienes y en que contexto fue realizada la exhumación (profanación), en busca de dar con los responsables del acto, pero es evidente que ningún empleado municipal o funcionario de bajo rango actuaría sin el visto bueno de la intendenta. Por lo que esa acción investigativa pareciera ser más la elección de un “chivo expiatorio” (perejil) que una decisión justiciera.
EXHUMACIONES
Finalmente, las exhumaciones se ejecutaron el miércoles 31 de marzo, en horas del mediodía en presencia del Dr. Martín Vodanovich, abogado municipal; y otro letrado. También participaron en esa actividad el Dr. Midawar, oficiando de médico forense, personal municipal y un representante de la empresa funeraria, pero los familiares de los fallecidos no estuvieron presentes, primero ejecutaron las exhumaciones, y luego les avisaron a los parientes de ello. Ese día, abrieron las puertas del cementerio sólo para efectuar los traslados, pero cerrado al público. Durante la tarde, ese mismo día, a las 16 horas aproximadamente, se llevaron a cabo los traslados de los cuerpos y las finales inhumaciones. Pero ¿Qué sucedió con la exhumación del tercero de los perecidos? ¿Por qué no fue notificada la familia de la persona cuya tumba fue profanada por el gobierno municipal antes de la exhumación programada?
Una de las cuestiones que se hacían los familiares y en muchas oportunidades la comunidad cañadense, era sobre los gastos de las exhumaciones y traslado. La pregunta era ¿Quién se encargará de solventar todo esto? Y la respuesta no tardó en llegar; los ataúdes fueron adquiridos “nuevos” y el costo corrió por parte de la municipalidad (es decir por parte de la comunidad), como habrían prometido en una de las reuniones previas a las medidas tomadas. El gasto de traslado y los gastos funerarios también irán a cuenta del municipio.
CLERICI Y EL TEMOR A LOS JUICIOS
Los familiares de los perecidos debieron firmar un acta de declaración fechada el 16 de marzo de 2021 a las 12 del mediodía; en donde éstos autorizaban a la Municipalidad de Cañada de Gómez a las exhumaciones, traslados y nuevas inhumaciones. Allí también se conformó entre las partes que sería el municipio quien pagaría los gastos de estas determinaciones funerarias y los nuevos ataúdes.
Sobre el apartado g) del documento emitido por las autoridades municipales y que debieron firmar los familiares de los fallecidos, éstos se comprometen a que «finalizados los trabajos de exhumación y traslado de los restos de (…) nada tendremos que reclamar a la Municipalidad de Cañada de Gómez, por ningún concepto, renunciando expresamente a iniciar o proseguir cualquier acción judicial o extrajudicial».
NI OLVIDO NI PERDÓN, NI IMPUNIDAD
Es cierto que al menos dos de las tres familias que lucharon tanto por la memoria, el respeto y las voluntades de sus muertos durante la pandemia, pero no podemos dejar pasar este acto de violación a los derechos humanos, la falta de ética y moral del Estado municipal local; el maltrato por los fallecidos y las creencias religiosas de los cañadenses. Además, aún resta saber ¿Qué sucedió con el caso de la tumba profanada del tercero de los fallecidos? ¿Quién dio la orden y bajo que circunstancias? … para que de una vez por todas paguen los responsables, aunque sean parte del poder.
