La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe aprobó este jueves con mayoría especial el rechazo al veto del gobernador Omar Perotti a la reforma del reglamento del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Con 37 votos afirmativos, 8 negativos y 3 abstenciones, se votó afirmativamente el dictamen que aconsejaba el rechazo de la decisión del Ejecutivo, que contó previamente con la aprobación en el mismo sentido por parte del Senado provincial, en ambos casos con mayorías especiales.
La iniciativa, elaborada por los diputados del Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS), Pablo Farías, Maximiliano Pullaro, Joaquín Blanco y Fabián Palo Oliver, había sido sancionada en noviembre del pasado año y luego vetada por el gobernador Perotti. Por ello, este jueves el Senado y a continuación la Cámara baja rechazaron dicho veto para seguidamente aprobar la ley, que reforma dos artículos de la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación (13.013), uno del Servicio Público provincial de la Defensa Pública (13.014) y cinco del Organismo de Investigaciones (13.459).
Tras la votación, la diputada Lionella Cattalini (Socialistas-FPCYS), afirmó: “Esta no es una ley anti nadie, es una ley a favor de la independencia de la Justicia, que logró amplios consensos de toda la Legislatura”, y amplió: “Viene a salvaguardar la institucionalidad de la provincia, la división de poderes y sobre todo la autonomía funcional del Ministerio Público de la Acusación y el Organismo de Investigaciones, que fundamentalmente son los que deben combatir el delito penal en Santa Fe”.
“Es incomprensible que después de seis meses de sancionada esta ley, y de cinco meses de haber sido vetada, el gobernador Omar Perotti no haya convocado a una mesa de diálogo con las fuerzas políticas para resolver esta situación”, aseguró Cattalini, y agregó: “El gobernador necesita dialogar, construir consensos, y esta situación se podría haber evitado si Perotti hubiera tenido la decisión política de resolverlo y acordar una solución tanto con el Senado como con la Cámara de Diputadas y Diputados”.
En detalle, la normativa declara la incompatibilidad para acceder al cargo de fiscal general, fiscal regional, fiscal de grado o director de cualquier organismo del MPA, de quienes se hayan desempeñado como funcionarios en el área de seguridad, en los últimos dos años, bajo la dependencia de otro poder del Estado.
