Difícilmente pueda definirse de forma más amable o diplomática las actitudes y contestaciones por parte del municipio local respecto a los hogares de ancianos y sus flagrantes irregularidades.
Pero no. El Juzgado de Faltas se preocupa más por las formas que por el fondo de una cuestión que, además de humanitaria, es sumamente preocupante.
Y es justamente allí donde el título de esta columna encuentra sentido. Porque cuando frente a denuncias serias, observaciones reiteradas y situaciones que involucran a personas vulnerables la respuesta oficial se concentra en discutir palabras, enfoques o modos de comunicar, resulta inevitable hablar de inoperancia. De inoperantes. De funcionarios incapaces de comprender la dimensión real del problema que tienen delante de sus narices.
La inoperancia no siempre se expresa mediante una decisión equivocada. A veces se manifiesta en la incapacidad de establecer prioridades. En la imposibilidad de distinguir entre lo urgente y lo accesorio. En la obstinación por proteger procedimientos mientras se descuida aquello que verdaderamente importa.
Porque aquí no se está discutiendo una infracción menor ni una controversia administrativa de escasa relevancia. Se está hablando de hogares de ancianos. De personas mayores. De vecinos que, por su condición, merecen una protección especial y controles permanentes por parte del Estado.
Sin embargo, lejos de advertirse una reacción acorde con la gravedad del asunto, lo que aparece es una burocracia que se mueve con la lentitud característica de los bolastracas. Esas estructuras pesadas, torpes e ineficientes que parecen diseñadas más para justificar su existencia que para resolver problemas.
Mientras tanto, las preguntas siguen sin respuestas satisfactorias.
La Imprenta es parte de la sociedad cañadense y su obligación, al igual que la del Tribunal de Faltas, es informar sobre esta cuestión tan sensible. Porque informar no constituye un exceso ni una provocación. Es un deber. Y más aún cuando están en juego situaciones que afectan directamente la calidad de vida, la seguridad y la dignidad de nuestros adultos mayores.
Lo llamativo es que quienes deberían agradecer que estas situaciones salgan a la luz parecen molestarse por su difusión. Como si el problema fuera la publicación y no los hechos que motivan la publicación. Como si la discusión pública fuera más peligrosa que las irregularidades denunciadas.
Y allí reaparecen, otra vez, los inoperantes y los bolastracas.
Los primeros, incapaces de asumir la magnitud de sus responsabilidades. Los segundos, empeñados en convertir cada problema en un interminable recorrido de formalidades, expedientes y excusas. Una combinación que suele producir el peor de los resultados; que nada cambie mientras todos aparentan estar haciendo algo.
La pregunta entonces es inevitable.
¿Acaso hace falta un muerto para investigar y delimitar responsabilidades?
Porque si las irregularidades existen, deben corregirse. Y si no existen, deben despejarse todas las dudas mediante controles transparentes y explicaciones públicas. Lo que resulta inaceptable es la indiferencia.
Las tragedias no suelen comenzar con grandes acontecimientos. Muchas veces empiezan con pequeñas omisiones, con advertencias ignoradas y con funcionarios más preocupados por las formas que por el fondo.
Por eso esta no es solamente una columna sobre hogares de ancianos. Es también una reflexión sobre una forma de ejercer la función pública. Una forma donde la inoperancia se disfraza de prudencia y donde los bolastracas burocráticos terminan convirtiéndose en el refugio perfecto para evitar decisiones incómodas.
Hasta que la realidad, como suele ocurrir, termina imponiéndose.
Y para entonces ya es demasiado tarde.
