Fue en una audiencia realizada este mediodía en el Centro de Justicia Penal de la ciudad del sur provincial. El fiscal Aníbal Vescovo hizo el pedido en el marco de la figura del cese del estado antijurídico, y la magistrada María Trinidad Chiabera hizo lugar al requerimiento. En la misma audiencia, ocho personas fueron imputadas por microtráfico de drogas, y tres de ellas quedaron en prisión preventiva. “En nuestra investigación fueron fundamentales los llamados al 911 que venían haciendo los vecinos para denunciar la venta de droga en ese lugar”, destacó el fiscal.
A A partir de un pedido realizado por el MPA, la jueza María Trinidad Chiabera ordenó derribar un búnker de droga en Rosario. La medida fue dispuesta en una audiencia que se desarrolló hoy en los tribunales del Centro de Justicia Penal rosarino.
El fiscal de la Fiscalía Regional 2 que hizo el requerimiento en el marco del denominado cese del estado antijurídico es Aníbal Vescovo, quien está a cargo de la investigación penal en la que se logró ubicar el lugar en el que se llevaban adelante actividades de microtráfico, ubicado en Riobamba al 5.000.
En la audiencia, Vescovo destacó que “en nuestra investigación fueron fundamentales los llamados al 911 que venían haciendo los vecinos para denunciar que en ese puesto –que está a metros de una escuela– había movimientos vinculados al microtráfico de drogas”. En tal sentido, agregó que “hicimos en detallado rastreo de las denuncias recibidas en el 911 en los últimos tres meses y detectamos estos llamados que nos brindaron precisiones para poder avanzar en la investigación”.
Ocho personas
La audiencia de este mediodía se realizó a una semana de la entrada en vigencia de la ley provincial número 14.239 que adhiere a la Desfederalización de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes.
En el marco del legajo, son investigadas ocho personas que fueron detenidas el miércoles pasado minutos después de la 1:00 de la madrugada en la vivienda precaria de la zona oeste de Rosario. Se trata de seis hombres que tienen entre 22 y 37 años, cuyas iniciales son MMB, PSF, IFG, HJR, BFS y MNV; y dos mujeres de 28 y 46 años, de iniciales MEC y FAA, respectivamente.
Vescovo detalló que “los imputados fueron aprehendidos en un procedimiento policial realizado en el inmueble que ahora se ordenó derribar, donde también se secuestraron 502 envoltorios que contenían 439 gramos de cocaína, y otros 187 pequeños paquetes con 342 gramos de marihuana”.
En relación a las personas que quedaron en prisión preventiva, Vescobo afirmó que “tres de los hombres investigados -los de iniciales PSF, BFS, y HJR-, transitarán el proceso judicial en prisión preventiva”. Según expuso, “quienes permanecerán detenidos son dos imputados que tenían los estupefacientes en su poder y el propietario del búnker”.
El funcionario del MPA valoró que “aunque la Defensa de los tres hombres que continuarán privados de su libertad propuso medidas alternativas, la magistrada las consideró insuficientes para cautelar la investigación”.
“La jueza manifestó que tanto la materialidad del hecho como la probabilidad de autoría por parte de los imputados están acreditadas con el grado de certeza suficiente para esta etapa procesal”, explicó el fiscal. “A su vez, contempló que los riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio en relación a los tres hombres que quedaron en preventiva estaban latentes”, agregó.
Calificación penal
Los ocho imputados son investigados por infringir la ley nacional número 23.737, que en su artículo 5 hace referencia a “el que sin autorización o destino legítimo comercie con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o fabricación, o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o los dé en pago, o los almacene, o los transporte”.
El fiscal Vescovo es acompañado en la investigación por el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico creado por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, en el marco de la implementación de la reciente ley provincial número 14.239, que adhiere a la Desfederalización de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes.
