Es común que le achaquemos a la falta de consensos a nivel político la ausencia de un horizonte a largo plazo que nos permita orientar nuestras acciones y avanzar sobre diferentes problemas económicos y sociales. Por ejemplo, no es claro si la dirigencia política pretende que la Argentina sea un país abierto e integrado al mundo, o si busca contrariamente el aislamiento y la autonomía. Asimismo, hay innumerables diferencias en cómo lograr cada una de las metas. Finalmente, también es común que los consensos cambien con frecuencia de acuerdo al partido que se encuentra en el poder…Una prueba más de esta miopía dirigencial es el nuevo consenso fiscal.
El consenso fiscal para el próximo año firmado recientemente entre gobernadores y el Gobierno Nacional tiene por objetivo introducir mejoras en la administración tributaria, conservar la autonomía y potestades de las provincias, fijar pautas en materia de endeudamiento y aumento del gasto público, y reducir la litigiosidad entre provincias y gobierno nacional. Apenas un puñado de anuncios en un documento de once páginas. En términos prácticos, lo más destacado es que reestablece alícuotas máximas para el impuesto a los Ingresos Brutos que superan a las fijadas en el consenso de 2017-firmado bajo la presidencia de Macri- y que, eventualmente, podrían transformarse en un incremento de la carga tributaria provincial. Además, abre la posibilidad a que las provincias creen un nuevo impuesto sobre los bienes obtenidos gratuitamente (herencia, donaciones, etc.) ¿Van a contribuir estas modificaciones tributarias a la promoción de la inversión, la creación de puestos de trabajo y el crecimiento económico? ¿Queremos o necesitamos pagar más impuestos provinciales para tener más y mejores servicios públicos provinciales y municipales?
Impuesto a los Ingresos Brutos: un tributo que sobrevive, aunque hace tiempo que lo quieren borrar.
Hace por lo menos 25 años que diferentes gobiernos nacionales intentan eliminar el impuesto a los ingresos brutos ya que existe evidencia y un amplio acuerdo sobre sus defectos. Sin embargo, como constituye una parte importante de los ingresos que cada provincia obtiene en su jurisdicción y como no se percibe fácilmente por el público (costo político bajo) las provincias lo mantienen.
Con el impuesto a los Ingresos Brutos las provincias cobran a las empresas un porcentaje (alícuota) de las ventas (base imponible) según la actividad en la que se encuadre. En el consenso fiscal 2017 se establecía una disminución progresiva de las alícuotas, pero ahora vuelven a aumentar (los límites) por encima de los que corresponderían bajo el acuerdo anterior. Debido a quelas jurisdicciones definen las alícuotas, la situación en cada una de ellas respecto a los nuevos topes es diferente. Algunas se encuentran por encima y deberían reducirlos; mientras que otras, como Santa Fe, tienen alícuotas vigentes por debajo, por lo que queda habilitada una posible suba. ¿Qué hará el gobierno de Perotti?
Desde el punto de vista económico, el impuesto a los Ingresos Brutos tiene numerosas características que lo hacen una fuente deficiente de recaudación. En primer lugar, agravar las ventas una empresa paga el impuesto independientemente de su resultado económico. La empresa podría estar teniendo pérdidas, pero igual tiene que tributar. En segundo lugar, tiene un “efecto cascada” que lo hace sumamente distorsivo. El “efecto cascada” se produce porque las provincias tributan varias veces sobre el mismo valor añadido (a diferencia del IVA) y cobran impuestos sobre el propio impuesto. Esto tiene varios efectos importantes: distorsiona la asignación de los recursos (trabajo, capital, etc.) entre las cadenas de valor, reduce la competitividad externa y encarece notoriamente el producto para el consumidor. Por otro lado, también tiene un carácter regresivo y esto se explica porque, como todo impuesto indirecto, su carga se traslada -en la medida de lo posible- al consumidor y como las personas con menores ingresos dedican una mayor parte del mismo al consumo, el peso del tributo sobre sus ingresos tiende a ser mayor sobre ellos.
De la provincia a la Gestión Clérici.
Los impuestos en discusión “llegan” a los ciudadanos, por una parte, a través del gasto público provincial (educación, salud, seguridad, justicia, administración pública, infraestructura, etc.) y, por otra parte, vía el gasto municipal, ya que las provincias les ceden un monto de sus recursos por coparticipación. En 2020 el Municipio de Cañada de Gómez obtuvo más de la mitad de sus ingresos de la coparticipación provincial (55%). De los $448 millones que recibió la Gestión Clérici de la provincia, $128 millones son impuestos nacionales (IVA, ganancias), $110 millones provienen del Impuesto de Patente Única sobre Vehículos, $83 millones de Ingresos Brutos, $67 millones del Impuesto Inmobiliario y $52 millones a otros impuestos provinciales. Cuando municipios y comunas relajen sus presupuestos gastando por encima de sus ingresos y la presión se traslade a las provincias, ¿saben lo que pasará…?
