Las tareas investigativas fueron impulsadas por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6 a cargo de Carlos Rívolo y encomendadas a la División Lavados de Activos, tras detectar que la mayoría de las cooperativas beneficiadas no poseían capacidad operativa, recursos humanos, logística, ni espacio edilicio para la fabricación de las prendas.
Asimismo, se estableció que en varios casos no se había efectuado la compra de materia prima para la confección y entrega de la indumentaria escolar en cuestión.
Con la información obtenida por la PFA, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 a cargo de Julián Ercolini, Secretaría N° 22 de María Laura Charnis, ordenó un total 33 allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Misiones y Entre Ríos, donde se logró secuestrar gran cantidad de documentación de interés vinculada con la causa.
Los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor, en actuaciones caratuladas “Defraudación contra la administración pública, Abuso de autoridad y Violación de los deberes de funcionario público”.
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