Por medio del Decreto 445-2025, el Gobierno Nacional, en el marco de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, dispuso la transformación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo descentralizado, en el nuevo Registro Nacional de Armas (RENAR), que funcionará como organismo desconcentrado en la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
Esta medida, formalizada mediante Decreto del Poder Ejecutivo, responde a la necesidad de optimizar el funcionamiento del Estado, reducir el sobredimensionamiento de la estructura pública y garantizar una gestión más eficiente, coordinada y transparente en el ámbito de las políticas de seguridad.
El nuevo RENAR conservará las funciones esenciales previamente asignadas a la ANMaC, manteniendo su especialización técnica, capacidad de control, fiscalización y administración de bases de datos sensibles, en cumplimiento de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y normativa complementaria.
Entre los aspectos destacados de esta transformación se incluye:
- Cambio de denominación institucional: Se dispone el cambio de nombre de la actual Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que retoma su anterior denominación como Registro Nacional de Armas (RENAR). Este cambio implica una vuelta al nombre histórico con el cual se identificaba al organismo hasta la creación de la ANMaC por Ley Nº 27.192.
- Centralización administrativa, que permitirá reducir el gasto público y facilitar la coordinación con el resto de las políticas de seguridad.
- Continuidad del personal y las unidades organizativas hasta la adecuación definitiva de la estructura del Ministerio.
- Eliminación del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada, cuyas acciones serán financiadas directamente por el Ministerio.
- Aranceles y tasas por los servicios del RENAR serán fijados por el Ministerio de Seguridad Nacional.
Esta reestructuración forma parte de un proceso más amplio de modernización y revisión de organismos de la Administración Pública Nacional, impulsado por el Poder Ejecutivo, y tiene como fin garantizar una gestión estatal más ágil, moderna y alineada con las prioridades estratégicas del país.
El decreto será comunicado a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación y entrará en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.
