Luis Cabrera, jubilado municipal, tuvo oído en La Imprenta y después de varios meses de reclamos en nuestro medio, se dignaron a cancelarle lo que debía cobrar regularmente en los haberes jubilatorios, luego de la orden judicial que obligaba a la Municipalidad a abonarle. Como las órdenes judiciales deben cumplirse por el demandado, un número importante de Jubilados se acercó a consultarnos para ver qué podían hacer, ya que había fallo positivo a sus reclamos y aún no se los habían pagado.
Algunos de ellos sostenían que, más allá del tiempo que llevó el juicio, debieron esperar también a que dicha erogación estuviera incluida en el PRESUPUESTO del próximo año, cumplido el año de espera, ya estaban en condiciones de cobrar con más de 8 meses transcurridos.
Varios de ellos, manejaban cifras a cobrar que para un jubilado, sonaban importantes en sus economías. La orden judicial emanada por una Cámara compuesta por 3 jueces ha sido desoída. La Municipalidad ha sido condenada y debe pagar, si la partida presupuestaria está incorporada para su imputación, lo lógico sería que se cumpla.
La municipalidad fue condenada en cientos de juicios de esta naturaleza, ha sido derribada en todas sus defensas, en todos los casos, pero la Muni se hace la sorda, ciega y muda y los PACIENTES jubilados, silentes de voz, reclaman y reclaman sin obtener resultado, ni posibilidades de establecer una fecha probable de cobro. Desde alguna perspectiva se podría decir que es una TOMADA DE PELO, lisa y llanamente del Departamento Ejecutivo; quien pregona y vende transparencia, y cuenta noticias positivas y no lava la ropa sucia en su propia casa.
Si la cuestión son las disponibilidades, (contar con el dinero) aprovechen septiembre que es el mes en que se reconduce el presupuesto, se ven las partidas en las que sobre-ejecutaron y las partidas sub-ejecutadas, se pueden ampliar algunas que fueron mal calculadas. Ahora, si los juicios iban a ser abonados de rentas generales, creemos que ya deberían haber sido abonados por orden de salida del tribunal o fecha de sentencia. Algunos de los Jubilados hacían cálculos, de que esta manifiesta ralentización se debía a que como lo habían llevado a la justicia, se la estaban cobrando.
En la próxima edición de La Imprenta trataremos de contactarnos con el estudio de abogados que los atendió jurídicamente y que también debe estar bregando para que sus clientes cobren lo que les corresponde. Tratarenos de bucear profundamente para saber cuántos juicios todavía quedan, si es posible los montos a los que la comunidad cañadense deberá pagar por el criterio testarudo de NO arreglar cuando se cursaron los «recursos administrativos».
Por otro lado, debemos informar que la jueza AGUAYA aún no resolvió el caso del Sr PASQUINELLI.
En otro orden de cosas, el representante de los jubilados, VILLALOBO, sigue con mandato vencido y no ha habido ni un sólo movimiento para cumplir con lo que establece la ORDENANZA 1599 y sus modificatorias.
Y por otro lado, FESTRAM mantuvo reuniones con paritarios, las cuales apuntaron a la cláusula de revisión y la misma quedó para este 8 de septiembre.
Hasta la próxima queridos jubilados y no dejen de consultarnos ante cualquier inquietud.
