La Justicia Penal de Santa Fe avanza en investigaciones complejas
La investigación penal iniciada por el propio MPA al ex Fiscal Regional de Rosario, a un fiscal adjunto y a un empleado de esa circunscripción judicial, es un saludable indicador de que el sistema procesal penal santafesino funciona y garantiza el desempeño de la Justicia Penal de la provincia de Santa Fe.
En esos términos se manifestó el Fiscal General, Jorge Baclini, en la conferencia de prensa que brindó en Rosario el mismo día en el que se realizaron los primeros allanamientos. Baclini también valoró la actuación de la Auditoría General de Gestión y sostuvo que “da cuenta de la rápida y eficiente respuesta de los resortes institucionales creados dentro de la estructura del MPA para velar por el correcto funcionamiento de la actividad fiscal”.
El proceso de democratización y constitucionalización que se inició el 10 de febrero de 2014 dotó de transparencia y agilidad de los mecanismos que ofrece la Justicia Penal. Esas virtudes permitieron la realización de audiencias públicas en las que los fiscales del MPA María Eugenia Iribarren, Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y Gisela Paolicelli imputaron y debatieron acerca de las medidas cautelares impuestas a las tres personas investigadas.
Al ex Fiscal Regional de Rosario le atribuyeron la coautoría de cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, transmisión de datos reservados, falsedad ideológica de documento público, omisión de persecución y la autoría de peculado de servicios. Además, solicitaron la prisión preventiva sin plazo del imputado, y se ordenó la medida cautelar por 90 días.
Por su parte, el fiscal adjunto –que el pasado viernes fue suspendido por la Legislatura provincial por seis meses– fue imputado por la coautoría de los delitos de cohecho pasivo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados. También se ordenó su prisión preventiva por 90 días.
Por último, al empleado de Rosario se le endilgó la coautoría de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, transmisión de datos reservados y la participación primaria en cohecho pasivo agravado.
“Es el momento que ninguno de nosotros hubiera querido presenciar. Realmente es muy doloroso para todos avanzar en la investigación penal de personas con las que estuvimos trabajando hasta hace unos días”, reconoció la fiscal Iribarren en declaraciones a la prensa. Sin embargo, la propia Iribarren y los fiscales Edery, Schiappa Pietra y Paolicelli advirtieron que seguirán investigando los profundos entramados ilícitos de intereses y actores de la provincia de Santa Fe, e hicieron hincapié en que lo harán con la objetividad que exige el rol de fiscal.
Los fiscales también remarcaron que lo ocurrido fue detectado desde adentro del mismo sistema. “No abundan los ejemplos en los que desde el seno de una institución judicial se detecta, se investiga, se priva de la libertad y se lleva a audiencia imputativa a una persona que hasta hace unos días tenía un rol preponderante”, concluyeron.
* Se pone a disposición de periodistas, medios de comunicación y de la ciudadanía la información (escrita y audiovisual) ya difundida por diversos canales institucionales.
