A través del DNU 366/2025, publicado este jueves, el Gobierno nacional puso en marcha una profunda reforma del régimen migratorio que tiene por objetivo mejorar el control sobre aquellos que ingresan al país, prevenir abusos del sistema de asistencia social y educativa, y promover inversiones extranjeras mediante incentivos como la ciudadanía por inversión.
Entre las medidas dispuestas por el DNU que lleva la firma del presidente Javier Milei y del resto del gabinete nacional, se endurecen los requisitos para el ingreso al país y se refuerzan los controles migratorios. Además, se prevén rechazos en frontera y sanciones para ingresos irregulares. Según la normativa, para ingresar en el territorio nacional, los extranjeros deberán presentar una declaración jurada, indicando motivos y compromisos de permanencia.
Asimismo, se restringe el acceso irrestricto a los servicios de salud y educación. Se mantiene el acceso a la salud en situaciones de emergencia y a la educación básica para migrantes. Con excepción de los residentes permanentes – que acceden al servicio público de salud en las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos – la atención médica fuera de emergencias requerirá seguro de salud o pago previo.
Respecto a la educación, los niveles inicial, primario y secundario quedan garantizados de manera gratuita independientemente de su condición migratoria. Asimismo, la enseñanza superior no será arancelada para argentinos (nativos o por opción) y para extranjeros con residencia permanente. En tanto, las universidades de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación a aquellos estudiantes sin residencia permanente. En materia laboral, se prohíbe trabajar a extranjeros en situación migratoria irregular.
Además, se modifica el acceso a la ciudadanía por naturalización y se establece un requerimiento de dos años de residencia continua y legal sin salidas del país. También, se incorpora la ciudadanía para aquellos que inviertan en proyectos de más de US$500.000, sin importar el tiempo de residencia. En este marco, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Esta reforma del régimen migratorio marca el inicio de una nueva etapa donde el Estado reafirma su compromiso con una migración legal, segura y transparente, que respete la ley y contribuya al desarrollo nacional, sin renunciar a la vocación histórica de apertura, pero estableciendo criterios claros y sostenibles.
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