El Poder Ejecutivo presentará en el Senado un proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental, N° 26.657. La propuesta legislativa busca mejorar la respuesta del sistema sanitario ante situaciones que bajo la ley actual no encuentran suficiente amparo, superar las dificultades en su implementación y modernizar la ley en base a la realidad asistencial del país.
Para identificar los principales obstáculos del marco legal vigente, se relevaron aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo. De esta manera, se pudieron detectar dificultades concretas vinculadas a la implementación desigual en las diferentes provincias del país y a la falta de criterios claros para actuar de manera certera y oportuna ante situaciones de riesgo, tanto para las personas con trastornos severos, como para sus familias.
Luego de 15 años desde su reglamentación, tan solo 16 jurisdicciones han adherido formalmente a la ley vigente. Por otro lado, únicamente 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas para internación. Esto genera desigualdades en el acceso a los servicios, especialmente en las regiones con menos recursos. Para dar respuesta a esta situación, el proyecto propone habilitar las internaciones en hospitales generales para casos leves, y reservar los hospitales e instituciones especializadas para cuadros graves. De esta manera se busca evitar situaciones en las que pacientes con cuadros complejos son atendidos en hospitales generales que, en muchos casos, no cuentan con los recursos adecuados para su tratamiento.
Otro de los puntos que propone actualizar el nuevo proyecto son los criterios de internación. En lo que refiere a las internaciones involuntarias, la normativa actual establece que solo puede disponerse cuando existe un “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. Ahora bien, este criterio tiene en cuenta únicamente la situación del paciente al momento de la evaluación médica, impidiendo, en muchas ocasiones, intervenciones preventivas en contextos de crisis. Por este motivo, la propuesta que se presentará ante senadores propone implementar un criterio situacional para la evaluación del riesgo considerando el contexto general del cuadro, en el que se incluyen los antecedentes recientes de conductas riesgosas, y la evolución previsible del paciente en caso de no recibir tratamiento.
Asimismo, se establece que uno de los médicos intervinientes en determinación de las internaciones involuntarias debe ser médico psiquiatra, a diferencia del esquema vigente que no establece su participación obligatoria en todas las evaluaciones. Lo que se busca mediante esta modificación es garantizar una evaluación clínica más completa y reducir el riesgo de confundir cuadros médicos con problemas exclusivamente de salud mental.
Cabe destacar que la internación seguirá siendo un recurso excepcional. En urgencias, el médico interviniente podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por el equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia.
En conjunto, las modificaciones propuestas apuntan a dotar al sistema de mayor capacidad de respuesta, mejorar la articulación entre dispositivos de atención y garantizar intervenciones más oportunas y efectivas frente a situaciones de riesgo en salud mental. La propuesta se inscribe en una política sanitaria que busca fortalecer las capacidades del sistema de salud, dotándolo de herramientas concretas para actuar con oportunidad, eficacia y responsabilidad frente a problemáticas complejas.
