La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de impulsar la privatización de Aerolíneas Argentinas S.A., por lo que se la declarará como Empresa Pública Sujeta a Privatización a través de un decreto presidencial, en el marco de la Ley N°23.696.
Desde su reestatización, ejecutada por el kirchnerismo en el año 2008, la empresa nunca cerró un año con balance positivo, y los aportes del Estado Nacional para cubrir su déficit superan ya los 8.000 millones de dólares. La compañía, además, se encuentra enfrentada a litigios motivo de su ilegal expropiación, y hostigada por una casta sindical cuya única prioridad es mantener privilegios.
Los sueldos de los pilotos varían entre los 3 y los 10 millones de pesos mensuales, y están asegurados independientemente de las horas de vuelo realizadas. Los bonos son abonados en dólares, los traslados están incluidos, y familiares y amigos disfrutan de pasajes gratuitos. Además, la compañía cuenta con aproximadamente 15 pilotos por avión operativo, número que no se repite en ninguna otra empresa de la industria.
Es un país con el 52,9% de los ciudadanos pobres, es irresponsable e inadmisible que el Estado Nacional continúe financiando el déficit y los privilegios de unos pocos con los impuestos de quienes no llegan a fin de mes. Es inaceptable que, mientras el 66% de nuestros niños son pobres, se siga subsidiando una aerolínea que podría ser gestionada de manera eficiente por el sector privado.
La privatización de Aerolíneas Argentinas es un paso fundamental en el camino para liberar al país de un gasto insostenible, y es además la única forma de evitar la quiebra y cierre de la compañía.
Una vez publicado el Decreto, será comunicado al Congreso de la Nación para que trate el proyecto de manera prioritaria, como indica la Ley. Los argentinos de bien cuentan con que el Poder Legislativo podrá ponerse de acuerdo para terminar con este flagelo.
