La Gestión Clerici redactó un decreto que nunca se hizo público para enmendar la determinación personalista de disponer a tierra los fallecidos por coronavirus. Tras instaurar la medida arbitraria y ante la aparición de enterrados positivos del virus que resultaron ser negativos; el temor a que sus familiares le iniciaran acciones judiciales al gobierno local, el Ejecutivo consultó a la jueza María Laura Aguaya sobre qué resoluciones tomar con respecto a los cuerpos cuyos parientes les exigen indignados a la intendenta, ser exhumados.
Por Emanuel N. Soverchia
El pasado martes 5 de enero de 2021 a las 10 de mañana, en las dependencias de la Municipalidad de Cañada de Gómez, ubicadas en las ex oficinas del Correo Argentino, se llevó a cabo una reunión encabezada por quien fuera intendente interino de ese momento, Marcelo Casalegno y la apoderada del municipio, la Dra. Mónica Rizzi, quienes convocaron a los parientes de los llamados “posibles fallecidos por covid” que luego de ser sepultados en tierra recibieron los resultados negativos de los testeos; en virtud de comunicarles las novedades respecto a las disposiciones que ha tomado el gobierno local ante las demandas de estos indignados cañadenses que reclaman que los cuerpos de sus parientes sean exhumados. Los tres fallecidos enterrados erróneamente como positivos por covid, cuyos verdaderos resultados fueron negativos, los decesos se dieron el 9 de octubre, el 15 de octubre y el 11 de noviembre del pasado año respectivamente; incluso el hisopado de uno de los fenecidos habría sido extraviado, sin saber nunca cual fue el resultado. Otro de los casos, era de una persona que sufría de cáncer y murió en su propia casa, lo que despierta muchas dudas sobre las causales reales de muerte, porque algunas figuran en las actas como «por posibles covid» pero otras simplemente como «por enfermedad».
La abogada Rizzi, quien hoy tiene en su posesión de toda la documentación de estos tres fallecidos, fue seleccionada por las autoridades municipales para llevar adelante toda la tramitación sobre este tema que generó mucho dolor para quienes no pudieron velar a sus muertos, prohibidos de sepultarlos como demandaban sus voluntades, y por sobre todo que luego de pasar por estas arbitrariedades, los decesos de sus parientes no fueron por causa del coronavirus. La profesional junto a Casalegno congregaron a los familiares de los tres fenecidos, para comunicarles el proceso de cómo solicitarle a la justicia la exhumación (si esto es posible) de los restos de quienes fueron enterrados por ser falsamente erróneamente portadores del SARS-CoV-2, pero todo se resolvió de manera casi inadvertida para la comunidad y mucho más para la prensa local, puesto que la reunión no fue anunciada públicamente.
Esa mañana, la abogada reconoció que los fallecidos no resultaron ser por causales del nuevo virus, aunque así fueron rotulados y dispuestos a la hora de sepultarlos, sin embargo argumentó que las medidas que se establecieron para estos tres casos era, que se presumía que habrían muerto como consecuencias de la pandemia; y que hasta ese momento las normativas, que eran “viejas” se referían a epidemias pero no a pandemias, y que como dice esa Ordenanza, se establece que «Durante las epidemias quedan absolutamente prohibidas las exhumaciones, reducciones, traslados de ataúdes, etc.».
LOS DOCUMENTOS QUE NADIE CONOCE
Rizzi les dijo a los vecinos que la determinación que tomó el gobierno de Clerici no es una determinación “caprichosa”, y definió además que “el criterio que adoptó la Municipalidad de llevar a tierra a los fallecidos ‘presuntamente por covid’, o por covid, tenía que ver con un protocolo que bajó el Ministerio de Salud de la Nación”.
El 28 de diciembre del 2020, la municipalidad de Cañada de Gómez, a través de su abogada la Dra. Mónica Rizzi solicitó al juez una Acción Declarativa de Certeza, para que le confirme sobre qué medidas deben tomar ante la situación que están afrontando los familiares de los fallecidos. Las opciones consultadas a la jueza Dra. María Laura Aguaya serían: optar por atenerse a la ordenanza ya establecida o someterse a un protocolo creado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, donde se establece que las personas fallecidas por covid deben permanecer durante un periódico de entre 3 y 12 meses en el sitio dispuesto, sin poder exhumarlos durante ese plazo. La determinación de elevar la consulta al juez es debido a que la Municipalidad debe remitirse de manera estricta a las normas y leyes emitidas por el Ministerio de Salud, un estamento gubernamental superior; el cual prohíbe las exhumaciones durante epidemias.
La Dra. Rizzi, le afirmó a los familiares de los fallecidos que “la empresa de servicios fúnebres rápidamente le puso ‘presunto covid’”; argumentando que el malentendido estaría en las anotaciones que habrían realizados estas empresas, sin embargo los propios familiares se encargaron de refutar esa aserción explicándole a la abogada que quienes anotaron las causas de muertes eran los sanatorios y no las casas mortuorias.
Por otra parte, tanto la letrada como el intendente interino les proclamaron a los familiares de quienes perdieron la vida y fueron sepultados en tierra por considerarlos contagiados del nuevo coronavirus, tener paciencia sobre las respuestas de la justicia, ya que durante el mes de enero inicia la feria judicial, pero además les advirtió que si la acción legal que comenzaron junto a la Municipalidad de Cañada de Gómez no prosperara, empiecen a tomar medidas de forma particular; acción que ya algunos de ellos dieron inicio.
Marcelo Casalegno afirmó ante los familiares que “en el 2017, cuando se modificó la ordenanza que reglamenta al cementerio, en realidad los que se reformaron, muchos otros aspectos que tienen que ver con la parte administrativa interna del cementerio, y ese artículo estaba ya en la ordenanza y se transcribió, la verdad sin pensar que iba a ver pandemia. La ordenanza vieja se modificó en varios puntos, pero no en este y quedó como estaba”.
Esta afirmación del hoy presidente del Consejo Deliberante confirma una vez más que no había un texto (artículo) dentro de la ordenanza en que se especificara que la disposición de los cuerpos fallecidos por pandemia sería estrictamente a tierra; sino que fue un dedición extra curricular, no formal de parte del Departamento Ejecutivo Municipal local.
El 26 de octubre de 2020, el gobierno municipal de la Dra. Stella Clerici redactó a espaldas de los cañadenses, y posteriormente a los enterramientos, un decreto para justificar las sepulturas en tierra; y calmar la ira de los familiares que despertó esa medida que sólo fue impuesta en Cañada de Gómez de manera autoritaria. Parte del documento dice textualmente:
«A los efectos de extremar los recados de seguridad para definir el destino de los restos de las personas fallecidas por Covid, El departamento Ejecutivo Municipal declara el Decreto N°…, citando los requisitos a cumplir por parte del personal».
Continúa el texto: «Así mismo el certificado médico debe aclararse con laboratorio positivo, y en tal caso acompañarlo con la partida (de defunción). Con posterioridad a tales acciones, ajustadas al principio de legalidad y a la estricta sujeción de los protocolos de bioseguridad, algunos familiares de fallecidos con causal presunta de Covid, han obtenido el certificado del Ministerio de Salud con diagnóstico negativo de Covid; los que se han presidido presentar al municipio peticionando la exhumación para su traslado y disposición definitiva. Y es allí donde aparece la situación de incertidumbre que determina la presente demanda. En tanto a conforme a la Ordenenza municipal vigente deviene imposible la exhumación durante la vigencia de la pandemia, y aún superada la misma es necesario esperar siete años».
El 3 de noviembre pasado el Municipio envió una nota al Instituto Médico Legal de la ciudad de Rosario; en la que se solicitaba que se le informe: «…tiempo mínimo que deben permacer los cadáveres que hayan fallecido con diagnóstico Covid positivo o presunto y que se encuentren inhumados en tierra para luego ser exhumados y trasladados a sepultura o nicho». Por la cual el gobierno municipal jamás recibió respuesta alguna a este pedido.
Sin embargo, Casalegno dijo que desde el Consejo Deliberante se envió una resolución a la Provincia para que el protocolo sea más especifico; y la respuesta que recibió el cuerpo deliberativo local desde el gobierno provincial fue que se aplique el protocolo; pero también admitió que el protocolo “no dice nada”.
Rizzi argumentó que «aquí en realidad, el municipio… porque la Provincia no decía que hacer con los restos, entonces se aplicaron las recomendaciones de la Nación».
SEPULTADOS EN OTRAS LOCALIDADES
Ante las medidas que tomó Clerici que en nuestra ciudad se entierren a los muertos con causales vinculadas al SARS-CoV-2, muchos cañadenses deciden sepultar a sus fallecidos en otras localidades, ya que solamente en Cañada de Gómez se exigen esta medida que nadie sabe su justificativo legal. Varios cañadenses solicitaron a las empresas funerarias realizar las sepulturas en ciudades como Villa Eloísa, Armstrong y Correa ciudades donde los restos de los fenecidos son son obligados a disponerlos en tierra; siendo esta determinación una posible solución para saltear la arbitraria decisión de la intendenta Clerici.
