El reciente Informe Anual de la Soberanía Alimentaria Argentina, presentado en El Bolsón, Río Negro, por la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria (Calizas), ha puesto sobre la mesa un panorama alarmante en la gestión de alimentos en el país.
Sin embargo, más allá de la contundencia de los datos expuestos, la verdadera pregunta es: ¿existe la voluntad política para revertir esta crisis, o le seguimos sumando argumentos al diagnóstico del déficit cero?
Según el informe, el país enfrenta una crisis estructural que afecta la producción y el acceso a alimentos sanos y accesibles. Lejos de ser un fenómeno coyuntural, este problema responde a un modelo económico que ha privilegiado el agronegocio y la exportación masiva de productos primarios, mientras el mercado interno sufre un deterioro progresivo de la soberanía alimentaria.
El documento expone que el desfinanciamiento de programas de asistencia alimentaria, sumado al avance de los monopolios agroindustriales, profundiza la desigualdad en el acceso a los alimentos. Se evidencia un incremento en los precios de los productos básicos, a la vez que se debilita el papel de pequeños productores y cooperativas que promueven la agroecología y la producción local.
Uno de los puntos más contundentes del informe es la denuncia sobre la triple carga laboral de las mujeres en el sector agroecológico. No solo son productoras de alimentos, sino que además asumen el trabajo doméstico y organizativo en sus comunidades. Esta realidad, lejos de ser excepcional, es sistemáticamente ignorada en las políticas públicas.
Asimismo, el informe destaca la loable resistencia de los pequeños productores y las comunidades rurales que han encontrado en la agroecología una forma de subsistencia, a pesar de los constantes obstáculos impuestos por el modelo del agronegocio. Sin embargo, sin medidas de apoyo concretas, la posibilidad de escalar esta producción es cada vez más difícil de concretar.
Si bien este diagnóstico no sorprende, lo preocupante es la falta de respuestas concretas desde el Estado. En un contexto en el que la inseguridad alimentaria avanza, la demanda de políticas públicas que fomenten la producción local y el acceso equitativo a alimentos no puede limitarse a una mera declaración de intenciones.
El informe hace un llamado a que la soberanía alimentaria sea reconocida como política de Estado, pero la historia reciente nos demuestra que estos documentos suelen quedar archivados, sin impacto real en la vida cotidiana.
Para fortalecer la soberanía alimentaria en Argentina, se pueden implementar diversas medidas que aborden la producción, distribución y acceso a los alimentos de manera equitativa y sostenible. Algunas de las estrategias clave incluyen:
*Incorporación de productos agroecológicos en programas como Precios Cuidados, Tarjeta Alimentar y comedores escolares, para garantizar el acceso a alimentos sanos.
*Cumplimiento efectivo de la Ley de Góndolas, permitiendo que productos de la agricultura familiar tengan mayor presencia en supermercados y mercados locales.
*Generación de ordenanzas locales que faciliten la comercialización de productos agroecológicos sin restricciones innecesarias.
*Apoyo a pequeños productores y cooperativas, mediante financiamiento, capacitación y acceso a infraestructura para mejorar la producción y distribución.
*Promoción del comercio justo y circuitos cortos de comercialización, reduciendo la dependencia de las grandes cadenas de distribución fortaleciendo la economía local.
*Acceso a la tierra y bienes comunes, garantizando que los productores agroecológicos y campesinos puedan trabajar sin la amenaza de desplazamiento por el avance del agronegocio.
*Educación y concientización sobre alimentación saludable, incorporando contenidos sobre soberanía alimentaria en programas educativos y campañas de sensibilización.
*Las Huertas Urbanas Comunitarias en Mar de Ajó: Este programa, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, fomenta la producción agroecológica en espacios urbanos, promoviendo el trabajo en red entre familias y organizaciones.
*La Sala de Agroalimentos «La Celina» en Centenario, Neuquén: Un espacio municipal que permite a productores locales transformar su materia prima en productos comercializables, como dulces, conservas y jugos naturales. Esto ha generado empleo y ha fortalecido la economía local.
La Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria en Argentina; esta organización ha desarrollado estrategias para enfrentar la crisis alimentaria, promoviendo ferias de comercialización, redes de productores y proyectos productivos que fortalecen la agricultura familiar.
Estos casos demuestran que, con políticas adecuadas y el apoyo comunitario, es posible avanzar hacia un modelo alimentario más justo y sostenible. Lógicamente, estas medidas requieren de un compromiso tanto del Estado como de la sociedad civil para generar un cambio estructural en el modelo alimentario del país. Lo cierto es que, mientras se debate el futuro de la alimentación en Argentina, miles de familias enfrentan una realidad implacable: la comida no es un derecho garantizado, sino una tremenda lucha diaria.
Referencias:
1.- https://agenciatierraviva.com.ar/la-soberania-alimentaria-y-los-territorios-frente-a-milei/
2.- La Argentina promueve la soberanía alimentaria – INTA Informa
