En la era de la hiperconectividad, donde cada trámite parece resolverse con un clic y cada documento se archiva en una carpeta virtual, la boleta de papel ha sido relegada al rincón de lo obsoleto.
Sin embargo, lejos de ser un vestigio del pasado, representa para muchos ciudadanos una herramienta de control, seguridad y autonomía frente a un sistema digital que, aunque eficiente en apariencia, puede fallar en lo esencial; garantizar el acceso permanente y confiable a la información.
La frase “Yo quiero la boleta de papel” no es una consigna caprichosa ni una resistencia al cambio. Es una crítica profunda a una digitalización que se presenta como inevitable, pero que en muchos casos se impone sin considerar las consecuencias prácticas, legales y sociales para el usuario.
La factura electrónica, en sus múltiples formatos (PDF, correo electrónico, acceso por portales web), ha sido promovida como una solución moderna. Pero esta comodidad tiene un lado oscuro:
Dependencia tecnológica: Para acceder a una boleta digital se necesita conexión a internet, un dispositivo funcional, y en muchos casos, recordar contraseñas o navegar por sistemas poco amigables.
Riesgo de pérdida: Un corte de luz, un virus informático, una cuenta de correo bloqueada o simplemente un error humano puede hacer desaparecer años de comprobantes.
Falta de control: El usuario depende de que el proveedor mantenga el acceso a sus sistemas. Si la empresa cambia de plataforma, cierra su portal o elimina registros, el consumidor queda desamparado.
La legislación tributaria y comercial exige conservar comprobantes de pago por períodos que van de cinco a diez años, dependiendo del tipo de servicio y la jurisdicción. Esta obligación, que recae sobre el usuario, se vuelve compleja en el entorno digital:
¿Cómo garantizar que un archivo digital se mantenga íntegro durante una década?
¿Qué pasa si el formato cambia o el software ya no lo reconoce?
¿Quién responde si el proveedor no permite acceder a facturas antiguas?
La boleta en papel, por rudimentaria que parezca, ofrece una solución sencilla: se guarda, se archiva, se consulta sin intermediarios.
Uno de los pilares discursivos de la digitalización es su supuesto beneficio ambiental. “Menos papel, más árboles”, dicen. Pero este razonamiento merece ser cuestionado.
El papel de las boletas siempre fue costeado por el usuario, no por el Estado ni las empresas. Por lo tanto, el ahorro no es ecológico, sino económico… para las empresas.
La infraestructura digital también contamina: servidores que consumen energía, dispositivos que se desechan, redes que requieren mantenimiento constante. La huella de carbono de lo digital no es menor.
La verdadera sostenibilidad está en ofrecer opciones: permitir al usuario elegir entre lo digital y lo físico, sin imponer ni penalizar.
La digitalización de boletas ha significado un ahorro millonario para empresas y organismos públicos. Menos impresión, menos distribución, menos atención al cliente. Pero este ahorro no se traduce en beneficios para el consumidor:
El usuario debe asumir el costo de imprimir si desea conservar una copia física.
En muchos casos, se le exige realizar trámites adicionales para acceder a sus propias facturas.
La responsabilidad de conservación recae enteramente sobre él, sin garantías de respaldo por parte del proveedor.
Más allá de su formato, la boleta representa una prueba. Un documento que puede presentarse ante un reclamo, una auditoría o una disputa legal. En papel, esa prueba es inmediata, verificable, y no depende de terceros.
En digital, esa prueba está sujeta a múltiples vulnerabilidades. Y en un contexto donde los errores administrativos, las facturaciones indebidas y los reclamos injustificados son moneda corriente, contar con una boleta tangible puede marcar la diferencia entre la defensa y la indefensión.
La digitalización no debe ser enemiga del papel. Debe ser una alternativa, una opción válida para quienes la eligen, pero no una imposición para quienes aún valoran la seguridad de lo físico. Reivindicar la boleta de papel es exigir que el progreso no se construya sobre la precariedad del usuario.
Porque en un mundo donde todo se borra con un clic, el papel sigue siendo testigo fiel de nuestras obligaciones… y de nuestros derechos.
