El intendente de Cañada de Gómez, Matías Chale, junto con el abogado Jorge Resegue presentaron el pasado jueves 19 de septiembre, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, una denuncia motivada por los resultados obtenidos de una investigación administrativa interna. La Imprenta entrevistó al letrado Resegue, quien dio detalles específicos sobre esta acción legal llevada adelante por el actual mandatario cañadense. (Fotos: Roberto Chirino).
Por Emanuel N. Soverchia
El intendente Matías Chale, se presentó en Centro de Justicia Penal de Rosario junto con el abogado Jorge Resegue que patrocina la denuncia que se realizó contra la administración de Stella Clerici por las irregularidades detectadas en relación al mecanismo mediante el cual los ex funcionarios se financiaban con fondos públicos a través de anticipo de gastos y uso de tarjetas corporativas. Nuestro medio accedió a una entrevista con el letrado que patrocina la denuncia del parte de la municipalidad.
-¿En qué consiste la denuncia, doctor?
-J.R.: La denuncia fue a consecuencia de haber detectado irregularidades, en una investigación administrativa interna, que encargó el actual intendente, donde encontraron dos mecanismos diferentes; uno es el mecanismo de anticipos de gastos y el otro a través de las tarjetas corporativas. En estos dos sistemas, hallaron algunas irregularidades vinculadas con el uso del dinero público.
-¿Podría detallarnos como era cada sistema o mecanismo al que usted se refiere?
-J.R.: En lo que hace a las tarjetas corporativas; que empezaron a partir del año 2016, es cuando se asignaron algunas tarjetas corporativas a algunos funcionarios del estado municipal, básicamente son gastos que en principio no tienen vinculación con la gestión, y muchos de ellos incluso se presume que han sido utilizados para gastos personales, porque los rubros que figuran ya en los resúmenes de las tarjetas, en principio así lo indican.
Por otro lado, con el régimen de anticipo de gastos, que fue, hasta donde entiendo yo, que surgió toda esta situación, tiene que ver con un procedimiento interno donde los funcionarios, lo que hacían era, en principio iniciar un expediente con el pedido de determinado dinero, siempre vinculado por alguna gestión. Estos anticipos, siempre estaban autorizados por la intendenta y algunos de los integrantes de su gabinete; y luego tenían la obligación de rendir cuentas, del gasto del que podía llegar a terminar con la presentación de un comprobante que indicara que ese usó el 100 % del dinero anticipado o bien de un comprobante por menos dinero y que implicaba la devolución del sobrante, o que no se había hecho la gestión por algún motivo en particular, y devolver directamente ese dinero.
-¿Qué fue lo que hallaron en la investigación?
-J.R.: Bueno básicamente se encontraron muchos expedientes que tenían irregularidades con gastos que no estaban que no estaban relacionados con la gestión para la cual habían sido pedidos; otros tantos en donde no se indicaba cual era la finalidad de ese anticipo de gastos. Y con una particularidad, que fue la más extraña, que es que muchos de sus expedientes que se encontraban abiertos terminaron con una rendición de cuenta masiva realizada el día 6 y 7 de junio del año 2023, con la supuesta rendición de cuentas, en muchos casos se reintegraba dinero o el 100 % del pedido o no pero con una particularidad; ese dinero había sido anticipado hacía muchos años atrás, el más lejano era 17 años atrás, y se devolvía a valor nominal ese dinero. O sea, si se había retirado cinco mil pesos, en vez de actualizar y devolver, se devolvían los cinco mil pesos del año 2006 que lamentablemente en este país, sabemos que no guarda una relación por la tremenda inflación que tenemos. Lógicamente todo eso implicó que, de manera interna significara que todos estos expedientes fueran pasados a archivo y por ciertas evidencias que se encontraron dentro de la gestión actual, los verificaron y se encontraron con todas estas irregularidades.
Esa investigación administrativa interna termina con un dictamen del área legal de la gestión de Matías Chale y ese dictamen lo que pide es la opinión de algún abogado que tuviera conocimiento en lo penal para verificar si ellos como funcionarios públicos habían hechos que realmente tuviera una posible implicancia en lo penal, y surgió nuestro dictamen, en donde consideramos que cuando menos había que informar todo esto a la fiscalía, noticiarlo para hagan alguna investigación.
-¿Cuál o cuáles serían los delitos o irregularidades que habrían estado cometiendo los funcionarios de la administración de Stella Clerici?
-J.R.: Hoy es bastante prematuro, pero igual nosotros en la denuncia tuvimos que hacer alguna calificación, tipificar el delito de manera provisoria. Para nosotros acá hay una ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, porque entendemos que los funcionarios lo que hacían era administrar fondos que eran anticipados y que pertenecían a la gestión pública; esa es por lo menos, la hipótesis con la que está trabajando la actual gestión, y que dependerá luego del avance de todas las pruebas, y que luego no se rendían de manera correcta; y creo que el hecho de haberlos rendido tantos años después a valor nominal es lo que marca el perjuicio claro a las arcas municipales. Esta sería la primera calificación que nosotros, como hipótesis hemos sugerido, además entendemos que en otros casos, tal vez en concurso ideal, esto significa, sin descartar la administración fraudulenta podrían significar la sustracción de dinero público; por ejemplo, en el uso de las tarjetas corporativas, y lógicamente, toda esta falta de control que habría permitido que todos estos hechos se materializaran, pueden implicar claramente un INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO, y eso fue lo que pusimos en conocimiento, como hipótesis, a la fiscalía, de nuevo, con la obligación de todo funcionario público, que cuando advierte de estos hechos, tener que hacerlo para que la fiscalía avance en su investigación y confirme o desestime esta hipótesis.
-En caso de que ser confirmados estos delitos que usted menciona ¿Cuáles serían las penas los funcionarios implicados y quienes estarían comprometidos en esas acusaciones?
-J.R.: En cada uno de los hechos hay distintos funcionarios; quien pidió el anticipo y omitió luego rendirlo, quienes lo autorizaron en su momento; las firmas son varias, no era que un proceso que necesitara sí o sí las firmas de funcionarios determinados; con lo cual es una tarea en la que nosotros, si bien vamos a colaborar, le hemos dejado en manos de la fiscalía determinar quiénes serían los involucrados.
Con respecto a los delitos; el más gravoso es el de la administración fraudulenta, que en este caso sería agravado porque el perjuicio fue en contra de un Estado, y la pena máxima es de 6 años, pero esto no significa que ya estemos diciendo que van a ser condenados ni mucho menos.
-¿Además, podrían ser inhabilitados para ejercer cargos públicos?
-J.R.: Además, y de manera conjunta, está prevista la inhabilitación como una pena conjunta, justamente, por la función de quien supuestamente cometió el delito, en este caso lo habría hecho aprovechándose de su cargo en la función pública por la cual correspondería la inhabilitación.
-¿Por qué la denuncia se realizó en la ciudad de Rosario?
-J.R.: Se presentó en la ciudad de Rosario porque allí está la sede de la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción, que es la que tiene a su cargo todo lo que sería la circunscripción Rosario, y engloba también a Cañada de Gómez, y nosotros entendimos que por la complejidad del asunto merecía ser evaluado de una manera primigenia por esta fiscalía regional para que determine qué unidad especial iba a ser la pertinente llevar adelante ese caso.
-Con respecto a los fondos públicos que habrían sido manipulados irregularmente por los funcionarios de la gestión Clerici ¿De qué cantidad estamos hablando?
-J.R.: Por ahora, el parámetro que hay informado desde la propia municipalidad, que fue el dato que nos acercaron a nuestro estudio, es que se han analizado 75 expedientes sobre un total de 1700 y pico. De esos 75 expedientes, como te deje al principio tiene la particularidad de que los anticipos fueron tomados hace algunos años atrás, con lo cual hubo que hacer una tarea de actualización; entonces, a mí la información que me pasan no es a valor nominales, sino a valores actualizados; es decir de esos 75 expedientes hoy estaríamos en los $30.000.000 (treinta millones de pesos) de lo que sería el régimen de anticipo de gastos. Lo que sería tarjetas corporativas, todavía no me han pasado el número especifico.
LA PALABRA DE CHALE (Foto: Municipalidad)
Tras realizar la denuncia el intendente señaló que “es el episodio de mayor irregularidad de la historia de Cañada de Gómez”, y profundizó: “No hay antecedentes ni en la ciudad ni en la región de semejante estafa y despilfarro de los recursos públicos”.
En este sentido, explicó que “con los resultados arrojados por la investigación no había otro camino que llevar las pruebas a la justicia para que se investigue”, y exigió: “Este escándalo requiere explicaciones urgentes de Stella Clerici porque se trata de una situación irregular que empezó en su primera gestión y que terminó luego de la presentación de listas en 2023 cuando intentaron encubrir las pruebas, por lo que es difícil de creer que suceda sin su conocimiento”.
“El gobierno que manejó a discreción la señora Stella Clerici transformó a la Municipalidad de Cañada de Gómez durante 20 años en una financiera donde algunos pocos privilegiados tomaban dinero a cuenta para darse gustos personales”; agregó el intendente.
Finalmente, Chale arrojó un mensaje esperanzador: “Por suerte para todos los cañadenses, estos métodos nefastos quedaron atrás”, y diferenció: “No todos somos iguales. Existen los valores, el amor por nuestra ciudad y las ganas de mejorar. Vamos a demostrar que se puede hacer mucho siendo honestos, sin robar”.
LA DENUNCIA HOY
La denuncia fue aceptada por Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario a través del Dr. Fiscal José Luis Caterina; lo que daría pautas de que la cusa tendría una complejidad más contundente, ya que esta aprobación demuestra la seriedad del caso donde podrían existir indicios categóricos de los delitos que se les inculpan a los funcionarios de la administración de la exintendente Clerici. En definitiva, la denuncia contra la gestión anterioe continúa avanzando.
