Cualquier cañadense que tome su boleta de gas encontrará, en primera instancia, un importe total que les cuesta cada vez más abonar. Si bien la desaceleración de la inflación en los últimos meses trae cierto alivio porque algunas cosas no suben demasiado, los salarios todavía no logran recuperarse del todo y llegar a fin de mes cuesta. Este tipo de ajuste en nuestro presupuesto familiar ya lo hemos pasado en varias oportunidades y responde a la eliminación de subsidios obscenos que un Estado Nacional tiene que realizar para achicar un déficit financiado con impuesto inflacionario. Subsidiar a todo el mundo como si nada importara y consumir agua, luz y gas como si se tratara de recursos inagotables no es gratis.
Además de esto, los cañadenses encontramos una serie de ítems o renglones que engrosan el total que pagamos en nuestras boletas de gas (lo mismo sucede con otros servicios esenciales al hogar). Allí se destacan cargos que el municipio local suma a nuestra boleta de gas y que al abonarla terminan en sus arcas. Para ponerlo en números concretos, por cada $1000 que pagamos por gas consumido, el Municipio de Cañada de Gómez se lleva $240, es decir, 24%. No se trata de un número menor, sobre cuando el precio del m3 se multiplicó por cerca de 20 veces en un año. Más aún, desde que comenzó la Gestión Chale los impuestos del municipio en la boleta de gas aumentaron, pasando de 13% a 24%.
En la factura de gas el vecino observará que paga 7,5% por Derecho de Ocupación de Espacio Público y 16,8% de Derecho de Registro e Inspección (DREI). Ambos tributos corresponden a la municipalidad. En diciembre pasado la tasa de DREI era de 5,5%, por lo que prácticamente se triplicó bajo la Gestión Chale. Llamarlos “Derecho” e incluirlos decorosamente en la boleta de gas es un eufemismo. Se trata lisa y llanamente de impuestos. Para ponerlo en claro, cuando el Municipio cobra una tasa (ej., TGIU) o un Derecho tiene que existir una contraprestación que genere un consumo colectivo o individual de algún servicio prestado por la municipalidad. No hay contraprestación alguna que el municipio brinde cuando los cañadenses usamos el gas en nuestras casas. La lista de tributos municipales que no cumplen con estos criterios es extensa y pone en evidencia el abuso que las municipalidades han cometido en los últimos años. Esperemos que en este revuelo la Gestión Chale no pretenda incluir una tasa local a los combustibles, como sucede en otras jurisdicciones.
Este problema de las tasas municipales por primera vez en varios años ha tomado trascendencia a nivel nacional, cuando el ministro Caputo buscó evitar que los municipios continúen incluyéndolas en las boletas de servicios. La disputa es mayor, pues se pretende que en cada factura o ticket de compra se encuentre el detalle de los tributos abonados para que el ciudadano pueda observar de manera transparente cuánto destina al pago de impuestos de cada jurisdicción y el verdadero costo de los productos que compra. ¿Por qué esto es necesario?
Los gobiernos locales (también provinciales), incluyendo nuestra Municipalidad, incrementaron fuertemente el gasto financiando buena parte con impuestos locales que son “invisibles” a los ojos del contribuyente. Es más fácil para un municipio cobrarle al vecino cuando va al supermercado, paga la luz o el gas que cobrarle con la Tasa General de Inmuebles Urbanos (TGIU).Lógica recaudatoria. El problema es que se pierde toda relación entre lo que brinda el Municipio y lo que pagamos de impuestos, así como se pierde control sobre el destino de los fondos. No sabes cuánto pagas, qué importa a qué se destina.
El desorden de gasto público e impuestos es el juego en el que ganan quienes forman parte del gobierno o están cerca del poder y los evasores, y en el que pierde el vecino corriente. Una lógica perversa que no encuentra eco en ningún resorte institucional. El otro problema es que estos laberintos de gasto y recaudación municipales han crecido tanto, que encontrar la salida es cada vez más fácil. ¿Habrá que probar con una motosierra?
