El informe, precisamente, forma parte del mencionado Programa que, mediante la Resolución 377/20 retoma, de manera renovada, el trabajo iniciado durante la gestión de la ministra Nilda Garré en 2012. Dicho Programa promovió, de manera pionera en el país, una política en materia de monitoreo del uso de las armas de fuego por parte de los y las funcionario/as públicos. A su vez, tanto aquella herramienta generada en 2012, como su versión readecuada por Frederic retoma los compromisos internacionales asumidos en virtud de la incorporación del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y de los Principios Básicos de Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego aprobados por Naciones Unidas.
Tal como se compartió ayer en el encuentro con los organismos de Derechos Humanos, la información estadística que produce el Programa constituye un insumo fundamental para el desarrollo de políticas de formación, entrenamiento, reentrenamiento, control y bienestar de las fuerzas federales.
Como menciona el informe en sus consideraciones introductorias La mencionada Resolución regula el funcionamiento del Programa y tiene como objetivo la prevención y reducción de las muertes y lesiones que ocurren en el marco de intervenciones de funcionarios de fuerzas federales con armas de fuego. De ese modo, se procura fortalecer la política integral de prevención de la violencia armada, así como potenciar la profesionalización del trabajo de las fuerzas federales en el marco de la promoción y protección de los derechos humanos y de los Tratados Internacionales suscriptos por Argentina en la materia.
El documento recorre de manera detallada los 374 hechos en los que hubo disparos de arma de fuego que contaron con la participación (en carácter de autor, víctima o en cualquier otra calidad), de personal de las fuerzas federales. Según el desglose que muestra el informe de la DNEC, el 51,1% de esos hechos fueron reportados por la Policía Federal Argentina (PFA); el 25,7% por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA); el 21,1% por la Prefectura Nacional Argentina (PNA) y el 2% por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Una vez definido el corpus del análisis, el documento permite identificar el conjunto de variables fundamentales para el trabajo de las áreas que conforman el Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego.
El informe completo puede leerse en:
